Meta no cumplida: el sector extractivo en México no es transparente


2015-10-27  | 
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México presenta un tablero triunfal1 en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que es anfitrión. Según los datos el gobierno en dos años ha alcanzado el 100% de las 26 metas que le propuso la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Varias organizaciones de la sociedad civil dudan de esta autoevaluación y la experiencia desde el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es que no existe la excelencia de la que se presume en los datos sobre actividades mineras y petroleras.

Verdes que deberían ser rojos

En enero de 2015 México hizo publica su intención de adherirse a la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), un estándar internacional que busca generar indicadores de transparencia consensuados entre gobierno, empresas y sociedad civil, respecto de la información que toda empresa minera y petrolera debe hacer pública2. En especial la EITI se enfoca en la transparencia de la riqueza que las empresas generan y la que recibe el gobierno por estas actividades.

La implementación de EITI es una de las 26 metas que el gobierno mexicano estableció para medir su transformación hacia un gobierno abierto. De cara a la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto las autoridades gubernamentales aseguran, a través de un semáforo de cumplimiento, que los nueve objetivos que integran dicha meta se han cumplido al 100%. Es decir, están en verde.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Fundar y Transparencia Mexicana -involucradas en la implementación- han cuestionado la veracidad del semáforo al señalar que por lo menos cuatro de las nueve metas que ya están en verde deberían iluminarse con amarillo o rojo.

Por ejemplo, la meta relativa al presupuesto para la implementación de EITI, de acuerdo con las organizaciones civiles, debería estar en amarillo porque aún no se aprueba. Tampoco se ha cumplido con la meta de agrupar en una sola base de datos la información de la industria de los hidrocarburos por lo que debería estar en rojo3. Hasta ahora no hay información sobre los avances -si los hay- del plan de trabajo para la adhesión de México al EITI.

Violar el derecho a la información

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que la Secretaría de Economía viola el derecho al acceso a la información porque la base de datos sobre las concesiones mineras no está completa ni actualizada, un requisito de acceso a la información que estipula el artículo 6° constitucional4.

Esa fue la respuesta a un recurso de revisión que el INAI falló a favor de PODER, una de las organizaciones civiles que ha dado la batalla para lograr que el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) se actualice.

Ante la derrota por la vía de la solicitud de información y sus recursos de revisión, PODER interpuso un amparo contra la Secretaría de Economía bajo el argumento de que la dependencia viola el derecho al acceso a la información al desacatar la resolución del INAI, el medio de garantía que la ley otorga a cualquier ciudadano para hacer valer su derecho constitucional.

“El INAI no tiene facultad de sancionar, éste fue uno de los atributos que se dejó fuera en la reciente reforma a la Ley Federal de Transparencia… El problema es que cuando hay un desacato la gente de a pie tiene que hacer cosas que no puede, como contratar un abogado,” argumentó la investigadora de PODER, Julieta Lamberti.

El desastre del SIAM

La base de datos pública del SIAM sobre las concesiones mineras del país no es confiable según el informe de Regulación y Supervisión de la Actividad Minera5 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Se encontraron diversos casos en los que un sólo título se encontraba en dos o tres estatus: como emplazado, con adeudo e incluso cancelado, lo que refleja una falta de control en la información y en el seguimiento de los adeudos, problemática recurrente de años anteriores que la dependencia no ha logrado superar6”.

El retraso y el desorden en los datos que reporta la ASF ha entorpecido la labor de cobranza de los derechos mineros. Hoy los ingresos por derechos que reporta la Secretaría de Economía no coinciden con los reportes del Servicio de Administración Tributaria7. Los datos de las más de 27 mil concesiones8 “no se actualizan en tiempo real, sino de manera manual9”.

De acuerdo con la ASF es recurrente que la base de datos de las concesiones mineras tenga registros repetidos de los pagos realizados por los derechos mineros y que algunos concesionarios hayan pagado menos de lo que debían o simplemente no lo hayan hecho -sin que la Secretaría de Economía iniciara las gestiones de cobro o procediera con la cancelación de la concesión- y que haya una mala integración de los expedientes de las concesiones.

El informe de la ASF data desde el 2012 y es el último publicado sobre la materia. Tres años después, y a pesar de los semáforos verdes, la problemática sigue vigente.

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